El país rural...!

Chía, Colombia, Abril de 2017

¡No se puede perder el corazón del territorio...! (Primer capítulo)

El corazón del territorio en Colombia, es el país rural...

En esta primera fase de transición del pos-acuerdo con las guerrillas de las Farc, cuando las entidades del Estado aceleran el paso para atender el país rural en aras de cumplir con lo pactado, son necesarias las más rápidas respuestas sobre el corazón de ese territorio donde fue intensa la confrontación con las Farc, allí, donde persisten intereses ilegales, disidencias, alta vulnerabilidad hacia la población, débiles garantías para la participación política y flacas posibilidades para el ejercicio de derechos por parte de una diversidad de actores sociales.

Los militares leyendo a los clásicos en sus escuelas de formación, aprendieron un concepto que aplica en la visión que quisiera plantear para entender la importancia del corazón del territorio: El Centro de Gravedad, el cual tiene muchas interpretaciones y que va transformándose con el tiempo. 

En una guerra convencional existen contendientes que disputan intereses y que busca con todas sus capacidades imponerse al otro, neutralizando su "centro de gravedad," anulando totalmente su capacidad de continuar en la guerra; el concepto tradicional de centro de gravedad lo define como el punto focal o epicentro de fuerza del que todo depende y que de perderse, desequilibra por completo la fuerza militar y al mismo Estado. 

Sobre la Colombia rural sobre la que me referiré en este blog considero que su centro de gravedad lo constituyen dos variables: el corazón de ese territorio que debe ser transformado luego de los acuerdos y la legitimidad del Estado; allí en esos espacios reales y abstractos, confluyen fuerzas gravitacionales de orden político, militar, social y económico; allí se requiere un completo equilibrio para que la gestión de gobierno sea aceptada y acatada por todos los ciudadanos.

La legitimidad del Estado en ese corazón del territorio o centro de gravedad, debe preservarse a toda costa, debe poseer un alto grado de aceptabilidad, de confianza y cooperación de la población civil, para que prevalezca la seguridad ciudadana, la economía campesina y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.  

Antes de la firma de los acuerdos comenzamos a imaginar una Colombia sin las Farc armadas, hoy, es preciso honrar lo pactado y asumir el desafío de avanzar bajo los principios de integralidad y sostenibilidad en el desarrollo económico, social y político del país rural, con más sentido humanitario y con mayor coherencia sobre lo público. 

Ha llegado el momento de animar al establecimiento como un todo, para que alargue su paso; que termine finalmente con la persistencia de las economías ilegales, que a través de redes criminales amenazan con disputar el corazón de ese territorio al Estado colombiano.

Preguntas: ¿Cómo ponernos al día después del desarme de las Farc, cómo actuar en territorios donde hubo guerra y degradación, cómo responder a la avalancha de necesidades y exigencia de las comunidades, de organizaciones de diversa índole, a las mismas Farc que como partido político en esta fase de transición acompañan los programas de gobierno y que vigilan todos los mecanismos de implementación de los acuerdos; qué erradicamos primero: la coca, la pobreza, o los altos niveles de analfabetismo existentes en las zonas donde hay coca?

Durante la puesta en marcha de la implementación, es evidente que los fondos, los dineros oficiales del Estado y la ayuda generosa de la cooperación internacional, no es suficiente para cubrir las altas expectativas que han despertado los acuerdos y también es evidente que las instituciones encargadas de intervenir los territorios del país rural, no han alcanzado madurez suficiente en su articulación a nivel nacional y regional, generando innecesarias tensiones políticas en los territorios rurales, porque tienen métodos, lecturas y prioridades diferentes. Los campesinos preguntan a los funcionarios públicos que llegan a los municipios rurales: ¿porqué no hacen una sola reunión?; ¿porqué vienen tantas veces distintos programas, con distintas estrategias y con cada uno debemos reunirnos?  

Los campesinos quieren un solo plan que integre todo. 

Los miembros del secretariado de las Farc están respirando muy cerca de la nuca, a los directores de programas y representantes del gobierno en todos los espacios de interlocución con la comunidad y se han dado cuenta de la incapacidad del gobierno para movilizar lo público, para empujar su pesada burocracia, para coordinar sus maquinarias y ejecutar sus fondos; ya conocen que al interior de las instituciones, cuando se trata de ejecutar, es preciso cruzar una pista de obstáculos cercada por una maraña de laberintos jurídicos y administrativos.

Hacer realidad los mecanismos y componentes del acuerdo, sobre todo a nivel local en aquellos lugares más afectados por la confrontación, es una tarea que demanda acciones decididas, solidarias, pragmáticas y en especial que los alcaldes y gobernadores lideren los procesos; que no sean simples invitados de piedra.

En la medida que los programas se acercan al territorio donde permanecieron las Farc, han salido a flote nuevas dinámicas que deben ser revisadas con lupa.

Por un lado las comunidades de campesinos y colonos hoy viendo a las Farc desarmadas, hablan con ellas de tú a tú, porque ya no están con el fusil; ya no tienen el poder de intimidar y fijar las reglas.  

¿Cómo debería reaccionar la institucionalidad ante esa nueva realidad?: acelerando el paso y cumpliendo lo pactado; integrando capacidades y estrategias, abrigando a las comunidades y visibilizando sus capacidades en pro del bienestar de la gente, preservar su centro de gravedad (el territorio con pleno control institucional y la legitimidad del Estado, generando mayor confianza y credibilidad): ¿Cómo reaccionarían las Farc ante esta realidad?: concentrando su capacidad política en mantener el  diálogo directo con las organizaciones sociales que se crearon durante la confrontación y potenciar la interlocución con las bases que históricamente siguieron su orientación política y línea discursiva, en el corazón del territorio donde ellas crecieron y se desarrollaron.

Papel importante jugarán las bases de su partido político clandestino y el trabajo de movilización de masas, su legítima presión social a través de la protesta y movilización popular; para esto son expertos quienes cumplieron tareas como cuadros políticos; también conocen esta labor la multiplicidad de actores sociales que actualmente copian su propuesta de reivindicación de derechos. Ante esta realidad, los funcionarios de gobierno se han dado cuenta que las Farc se mueven como peces en el agua a lo largo y ancho del país que será intervenido por razón de los acuerdos.

Las Farc, tuvieron varios centros de gravedad antes de su desarme por efectos de la confrontación con la fuerza militar y por su decisión calculada de ir a la mesa de negociaciones. Solo referiré tangencialmente algunos de sus centros de gravedad: su capacidad militar, el control del algunas zonas territoriales y su capacidad de movilización de masas campesinas que se diluyó cuando se convierten en una guerrilla cocalera; ahora en el pos acuerdo, seguramente su capacidad política, pasa a ser su principal centro de gravedad y se vigorizará con las campañas políticas en favor del desarrollo rural, con su activa participación en la refrendación de los acuerdos, la movilización de masas campesinas inconformes, con iniciativas para la formación política y cultural en zonas donde el gobierno incumple, donde el Estado es frágil, todas las estrategias en función de lograr afinidades y mayor fortaleza política para su nuevo partido. 

Eso es lógico y previsible; por ello la imperiosa necesidad de que la institucionalidad haga bien su trabajo; pero el asunto es complejo porque sobre el territorio que será intervenido para lograr una eficaz reforma rural, se define la composición de una nueva sociedad rural, se construye el desarrollo y la visión de futuro. La transformación del territorio debe darse en completa armonía a los intereses y vocaciones de la comunidad; de lo contrario, se hará a la medida de las Farc desarmadas, que por orden del acuerdo, poseen justos intereses políticos. 

Comunidades, próximas a lo que fueron las zonas veredales, han percibido que las Farc son catalizadoras y facilitadoras del arribo a sus territorios de los nuevos programas que promueven mejorar su bienestar. Sobre cada vereda, corregimiento o municipio rural donde llegan los directivos del gobierno a establecer los mecanismos de participación ciudadana, hay un delgado de las Farc: eso es lo pactado.

La dinámica más pesimista que se observa en esta fase de transición, es la evidencia por la presencia de bandas criminales que disputan el territorio cocalero de Colombia y que amenazan, asesinan, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos.

En caso de que el gobierno colombiano no sea capaz de cumplir con lo pactado, en la precisa medida de las expectativas que han generado los acuerdos, el mismo gobierno legitimará las banderas de reivindicación de derechos que históricamente han promovido las Farc; buena parte de las comunidades rurales, valorarán a su nuevo partido político como el camino para la solución a sus problemas históricos. 

Hay que resolver muchas preguntas...

¿Cuándo comienza la construcción de obras para integrar el campo con las ciudades y cuando termina la instalación de bienes públicos, que haga sostenible la paz sobre la ruralidad nacional? 

¿Cómo coordinar con los actores sociales de los territorios, asociados y organizados con suma inteligencia, ante la necesidad histórica de protestar por el abandono de generaciones de gobiernos? ¿Cómo relacionarnos entre instituciones implementadoras de los acuerdos, con la variedad y diversidad de actores sociales, en vastas regiones que no coinciden con los límites departamentales? ¿Cómo relacionarnos con los activistas y líderes sociales surgidos en paralelo desde el surgimiento las Farc en los años sesenta?; ¿Cómo evitar la muerte de líderes sociales y activistas de derechos humanos, cuando el año pasado murieron cerca de noventa y este año seguimos en las mismas?

¿Cómo acabar con el clientelismo que usa los fondos de lo público para hacer campañas electorales, cómo acabar con la costumbre de pagar favores con puestos públicos, de empeñar la ética y el honor haciendo préstamos a las mafias para ganar elecciones y después pagarles con contratos; cómo acabar la costumbre que disputa los cupos para nombrar profesores de escuelas y colegios rurales, impuestos por decisiones clientelistas; cómo acabar con la costumbre de las complicidades? Es que si queremos hablar de paz, esto hace parte de la paz que quieren los colombianos. La paz requiere de orden, disciplina y ética.

Más preguntas: ¿realmente los programas de gobierno trabajan en función de implementar los acuerdos en el largo plazo, para generar mejores condiciones de vida a las comunidades rurales con estrategias integrales y sostenibles en el tiempo, o apenas hay espacio para poner paños de agua tibia, con el sol a las espaldas de este gobierno? ¿El próximo gobierno será tolerante y progresista ante las fórmulas de implementación pactadas, o marcará otro rumbo que modifique la hoja de ruta?

¡NO hay más excusas...!

A estas alturas de la historia nacional, se acabaron las excusas para no desarrollar y transformar los campos habitados por cerca de 7 millones de campesinos fieles al amor por su tierra y a su oficio mal pago. Siempre tuvimos excusas para achacarle los males del país, a nuestra difícil geografía que no permite integrar las regiones; a la rica diversidad étnica que no permite el diálogo fluido, a los conflictos con las guerrillas, a las guerras sucesivas intestinas, al narcotráfico..., a la corrupción.

A pesar de la desconfianza hacia la dirigencia política tradicional, esta ha sabido mantenerse en el centro del espectro histórico y político del país, actuando como juez y redentor de los episodios de la confrontación contemporánea, juzgando a los responsables de las calamidades y de los atrasos del desarrollo, señalando con el índice, sin ver la viga en su propio ojo, pero sobreviviendo con mañas, trampas e incentivos perversos, para mantener cautivos a sus electores.

Aprendimos que las grandes obras en este país son imposibles, que las causas de nuestros males están instaladas en el ADN de los colombianos, genética que los hace seres rivalizantes y genuinos aventajados, excelsos productores de obstáculos para el desarrollo, productores de adversidades y discriminación, llenos de prejuicios durante el trabajo en equipo, estimulantes de odios y rivalidades; irrespetuosos a la autoridad e indisciplinados por naturaleza.

¿Vamos a seguir repitiendo la historia de crear una guerra cada década?
NO podemos olvidar las guerras sucesivas: desde el siglo XIX, tras la Independencia abundaron guerras civiles internas; el siglo XX se inaugura con la de los mil días, la de los bandoleros, pájaros y chusmas en los años cincuenta estimulada por la confrontación entre liberales y conservadores; en los años sesenta los conflictos con los estudiantes; en los setenta la expansión de las guerrillas; en los ochenta la guerra contra los carteles de la droga, en los noventa el surgimiento de los paramilitares, a principios del siglo XXI, la guerra contra las Farc y el Eln. Ahora: la corrupción, el asesinato de líderes sociales, los conflictos por la restitución de los derechos de propiedad para la gente desplazada por la guerra en el campo, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la guerra contra los herederos del paramilitarismo: las bandas criminales. 

Finalmente se acabaron las excusas para no ejercer el control institucional del territorio y para no hacernos cargo del corazón del país rural. Los colombianos deben ser fieles a la nación con la que sueñan y no con esa nación llena de noticias adversas con la que despiertan cada mañana; llegó la hora de ser fieles con la grandeza de esta patria que hay que terminar de construir desde el corazón de cada colombiano, con benevolencia, buen trato, solidaridad, afecto, respeto, inteligencia y creatividad; ¡es una tarea de todos!. 

Los campesinos son los ciudadanos más auténticos de Colombia...

¿Comenzó el posconflicto?

El posconflicto plantea enormes retos a nivel nacional y territorial; los temas nacionales son de enorme envergadura, son de largo aliento...; no se hacen de la noche a la mañana; incluyen estrategias de reconciliación, contienen la respuesta rápida a los problemas mayores, las acciones integrales de infraestructura clave por tierra, aire y agua, el oxígeno que permita circular hacia los mercados las nuevas economías lícitas; incluyen todo el portafolio de política pública, que desmonte las causas y factores que atizaron la violencia armada.

Los temas territoriales soportan operaciones de desarrollo rural dentro del corazón del territorio, la instalación de bienes de uso público donde se promovieron economías ilegales, donde ha existido marginalidad, desequilibrios, segregación, abandono, disputas por el territorio y restricción de libertades; estas acciones territoriales, deben formularse con operaciones coordinadas estrechamente con los alcaldes y gobernadores, con instituciones y organizaciones sociales, para promover la reconciliación de la ruralidad en las regiones, recuperar la confianza en las instituciones, facilitar una democracia participativa y transparente.

El posconflicto, debe entenderse como una etapa que va desde el momento en que finaliza la confrontación armada con las guerrillas, pasando por una fase de “normalización” de los territorios profundos donde sucedió la confrontación armada interna; implica lograr las condiciones necesarias para ofrecer un mejor nivel de vida a las comunidades vulneradas por el conflicto, de tal forma que permita el pleno ejercicio de los derechos y libertades, la profundización de una democracia diáfana, con pragmatismo y responsabilidad; por consiguiente determina una mejor gobernanza de las autoridades locales, da paso a una nueva cultura política democrática; es decir, tiene la misión de transformar para bien, la vida de millones de colombianos después de la guerra con las guerrillas, la responsabilidad de acabar con los cultivos ilícitos, la tarea de hacer la descontaminación que causan las minas antipersonal instaladas por las guerrillas; pero también tiene la misión de terminar con el clientelismo.

¿Cómo arrancó el gobierno luego de los acuerdos con las Farc?

Los programas de gobierno en simultáneo con la mesa de conversaciones, comenzaron el alistamiento de sus planes de choque incluyendo victorias tempranas, que significan obras de profundo impacto simbólico, que generen confianza en la institucionalidad, allí en el corazón del territorio; se han construido planes para retirar la minas antipersonal que instalaron las Farc, las municiones, los residuos explosivos abandonados durante la guerra, que aún ponen en riesgo a la población de casi dos centenares de los municipios rurales del país.

En el caso de uno de los mayores detonantes de las economías ilegales, que afecta el corazón del territorio, el gobierno ha dado prelación a los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Los programas de gobierno incluyen estrategias para sustituir las plantaciones de coca que se constituyeron en fuente económica de las guerrillas, e incluyen proyectos productivos que  deben transformar en lícitas, las economías de los pequeños productores de coca. 

Implícito se encuentra, que estas estrategias son acompañadas con amplios programas integrales que dan sostenibilidad a la reforma rural acordada con las Farc. 

Como lo ha informado el vicepresidente de la República, la oficina de la Alta Consejería para el posconflicto, ya está avanzando con importantes acuerdos concertados con organizaciones sociales y representantes de las comunidades; se han suscrito 23 acuerdos con cerca de 82.000 familias, que estarían involucradas con 64.000 hectáreas de coca. Si durante lo que resta del año se logran sustituir esta cantidad de hectáreas, se superaría la meta propuesta este año: 50.000 hectáreas. 

Conozca los acuerdos de sustitución de cultivos:                                                               http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1511

La llegada del General Óscar Naranjo agrega valor estratégico al arranque de la implementación de los acuerdos, por su experiencia como negociador plenipotenciario, como amplio conocedor de los desafíos de la seguridad territorial y del país rural; el presidente Santos con Naranjo en la vicepresidencia, espera imprimir mayor velocidad a la oferta institucional y destrabar los cuellos de botella de la pesada articulación interinstitucional.

El gobierno ha anunciado una importante apropiación presupuestal para garantizar la sostenibilidad de los programas y el ministro consejero del posconflicto con sobradas justificaciones, ha enfilado sus baterías sobre los departamentos de Nariño, Putumayo, Guaviare y Meta, centros de gravedad de la producción de coca.

Sin renunciar al uso de respuestas coercitivas en zonas donde las matas de coca, no son de pequeños productores, este gobierno en resumen aspira a combinar estrategias que permitan sustituir voluntariamente 50.000 hectáreas con énfasis en acuerdos con las comunidades que se comprometen a erradicarlas bajo su propia voluntad, e intervenir otras 50.000 hectáreas, que deben ser arrancadas o destruidas a la fuerza, por policías y militares expertos.

¿Qué está pasando?

Hay reportes de campesinos, colonos, líderes sociales, que habitan el corazón del territorio rural y los reportes abiertos de comunidades durante la puesta en marcha de las primeras acciones del posconflicto.

Veamos: los programas vanguardias del gobierno, durante esta fase de transición han sido el desminado humanitario, la sustitución de cultivos ilícitos, la restitución de tierras abandonadas y ocupadas por nuevos dueños durante el conflicto, la instalación de infraestructura básica, la reparación integral de las víctimas fruto del conflicto armado, así como la empleabilidad de algunos excombatientes de las Farc, en esquemas de seguridad física, bajo la tutela de la Unidad Nacional de Protección y el acceso a los programas estratégicos de la Agencia de Reintegración del gobierno.

Colombia postergó las grandes reformas agrarias, por la excusa de la guerra. En esos territorios o han visto siempre a soldados que entraban y salían en busca de la guerrilla, o sus habitantes lo compartieron con la misma guerrilla, instalada por décadas con milicias y células políticas que araban las venas de un territorio, abandonado por un Estado incapaz de ejercer control territorial; el mismo establecimiento lo puso, para uso exclusivo de militares y policías, como campos de operaciones para la batalla.

Niñas campesinas del corregimiento de Chengue, región de Montes de María. 

La desconfianza...

En cada rincón del país donde se instaló la guerra con las Farc o el Eln, persiste la desconfianza, porque siguen las sombras y fantasmas del conflicto; porque el establecimiento apenas comienza a asomarse.

Nos damos cuenta entonces, que la gloria que produce la victoria militar nos hizo trampa; que en las tarimas de los discursos acalorados y de las disputas de campañas políticas tradicionales, hicimos promesas que no se cumplieron; minimizamos el amplio poder de las Farc, solidificado en la profundidad de la ruralidad colombiana, durante más de cinco décadas. 

Las Farc mantendrán su poder político, en el corazón del territorio que ocuparon con armas...

El poder de las Farc fue cimentado a lo largo de cincuenta años de manera inteligente; pasaron sucesivos gobiernos que miraron sin importancia el campo colombiano; mientras tanto, cientos de familias de campesinos y colonos exploradores del territorio, por necesidad fueron abriendo la frontera agrícola y se levantaron cada mañana con la señal de las banderas de la reivindicación y los derechos a la tierra, que con razón defendieron muy bien las Farc, propiciando la formación de líderes y organizaciones sociales con nítida claridad en sus objetivos políticos.

Mientras la guerrilla mascaba sus objetivos militares, en su cónclave ponían a funcionar su maquinaria política rural, que graduó de abanderados a decenas de líderes que hoy defienden sus derechos y su territorio como leones heridos, sin ser parte activa de los 13.000 miembros de las Farc que entregaron las armas a la ONU. No se puede desconocer que las Farc son poseedoras de una vasta experiencia en la asociación comunitaria, en la movilización de masas inconformes por el abandono.

Por eso, cuando un delegado del establecimiento llega a un corregimiento o vereda del país rural, se enfrenta con interlocutores que conocen como la palma de su mano, la historia, la geografía, la política y sociología del corazón del territorio.

Las comunidades que habitan las márgenes de los ríos y montañas; se asentaron en sus filos porque allí no tenía precio la tierra; carecían de dinero y de crédito para vivir en otra parte. Sus habitantes han sido empobrecidos por la guerra que los desplazó, por las injusticias y exclusiones de la sociedad que creamos, bajo una economía de mercados que produce egoísmos y desigualdades. 

Las exigencias son justamente altísimas...!

Los nuevos mecanismos de participación ciudadana, derivados de los acuerdos de La Habana, con justa razón exige el diálogo con todos. 

Las organizaciones comunitarias bien cumplen su papel como defensores de sus derechos; buen trabajo desarrollan los presidentes de juntas de acción comunal, las organizaciones campesinas, las asociaciones de juntas de acción comunal “Asojuntas”, el movimiento popular diverso, que vive en ese país inconforme y dispuesto a protestar todos los días, hasta sentirse verdaderamente incluidos. 

Durante las asambleas comunitarias hay que dialogar con la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana “Coccam”, con los líderes de Zonas de Reserva Campesina, con los gobernadores indígenas y con los presidentes de consejos comunitarios; con las organizaciones no gubernamentales que trabajan por la protección del medio ambiente, con las organizaciones de mujeres y con una diversa multiplicidad de actores sociales, e importantes organizaciones defensoras de Derechos Humanos; también hay que dialogar con quienes quieren poner palos a la rueda de los programas de gobierno.

Para reunir a los actores sociales y desarrollar los mecanismos de participación ciudadana, se hacen los "sancochos comunitarios" que congregan a la gente para sentarse a conversar, para hacer los planteamientos de los programas y recibir el “consentimiento” de los líderes, o de la organización comunitaria interlocutora. En esos espacios de participación ciudadana, se definen los proyectos, la hoja de ruta, que incluye: cronogramas, tiempos y recursos.

Más espacios de interlocución: el acuerdo estableció otro mecanismo de interlocución que es el Consejo Territorial Municipal, del cual hacen parte 3 delegados del gobierno, 3 de las Farc y 7 de las organizaciones sociales, encargados de caracterizar la política que orienta la implementación de los programas.

En muchos de estos foros, el alcalde es un convidado de piedra; los funcionarios que llegan de Bogotá o desde las capitales, no les informan de los detalles críticos de sus planes, pero sí los exponen ante los líderes comunitarios y ante la multiplicidad de actores sociales. 

El enfoque territorial de los programas nacionales, debe potenciar el liderazgo y las capacidades de las autoridades locales. 

Las organizaciones sociales están bien organizadas...

Es evidente que las organizaciones campesinas se encuentran muy bien organizadas; tienen método y preparan sus reuniones, tienen objetivos claros y son exigentes; por causa de la desconfianza, ya no le comen cuento a las delegaciones que prometían puentes y vías; tienen en su mente la idea de que el gobierno se compromete sin tener seria responsabilidad de ejecutar. Ante estas organizaciones sociales, el gobierno de Colombia, por ahora, no tiene la posibilidad de cumplir con éxito las expectativas creadas para desarrollar la reforma rural integral, por su desorden, difícil movilización, compleja articulación y lenta ejecución.

Los programas siguen desarticulados y en las instituciones prevalecen los egos...; el protagonismo; además, todos no caben en la foto; por el doble discurso que mantuvo durante los diálogos en La Habana, el sector defensa sigue empeñado en no perder un milímetro de su espacio sobre políticas que considera como propias: el desminado humanitario, la lucha contra las drogas, y su sobresaliente liderazgo en la coordinación interinstitucional de los territorios.

Mientras las Farc observan lentitud en el establecimiento, alistan sus armas políticas para hacerse por completo al caudal de votantes que genera el desorden e incapacidad institucional.  

Todas las baterías del gobierno están enfiladas para acertar, pero su ambigüedad y compleja burocracia en ministerios y consejerías, la falta de presupuestos acordes a la envergadura del problema, hacen que la operación de sus programas carezca de integralidad. Los programas de respuesta rápida se enfrenta a laberintos jurídicos y administrativos, tejidos por funcionarios a cargo de movilizar la ejecución presupuestal que parecieran practicar el apotegma: para qué hacer las cosas fáciles si podemos hacerlas difíciles.

Ejemplos...Durante el 2013, a raíz de la protesta social en la región del Catatumbo, el Departamento de la Prosperidad Social, estableció como plan de choque, otorgar incentivos económicos durante 24 meses, a cuatrocientas familias que cultivaban coca, con proyectos productivos en los predios de productores de coca que arrancaran voluntariamente las matas. El gobierno subsidió con cerca de $12.000 millones a estas cuatrocientas familias en tres veredas; en promedio cada una recibió $29 millones. La reacción al incentivo se volvió perversa, porque quienes no sembraban coca, o los que dejaron de hacerlo, y que viven en la periferia de los mismos territorios vulnerados por la presencia de los cultivos ilícitos, optaron por reincidir en la siembra, al darse cuenta que se premia a los que siembran.

Tumaco, el municipio con más coca en Colombia parece un municipio fallido; pese a que cuenta con suficiente Fuerza Pública: una brigada del ejército, una de la armada y una de la policía, para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, es la zona del territorio nacional que más glifosato ha recibido bajo la estrategia de aspersión aérea; allí, se han destinado billones de pesos para su desarrollo...!

Ver "Hablemos de coca": https://www.las2orillas.co/hablemos-de-coca/

Tumaco, es el mal ejemplo de la desarticulación institucional: su presupuesto es de 221 mil millones de pesos; hay mala ejecución pues no se ven las obras; ¿se roban los fondos?. Informes públicos indican que el 84% de la población vive en la pobreza y el 16,4% en pobreza extrema; la electricidad tiene la excusa de que cuando llueve se va la energía eléctrica; solo el 5,7% de la población tiene alcantarillado y el 29% acueducto; el desempleo llega al 72%. No hay vías secundarias que conecten a sus corregimientos y veredas; sus calles son desordenadas; no hay planificación urbana y la salud es precaria. Solo el 26% de los jóvenes termina la secundaria; de ellos, el 8% llega a la universidad, y, a pesar de ser el segundo puerto del país sobre el pacífico, tiene un vergonzoso 18% de analfabetismo; Tumaco es receptor de desplazamiento y despojo de tierras; convive con redes del crimen organizado que se disputan sus 17.000 hectáreas de coca.

Último censo densidad cultivos ilícitos en Colombia. Informe oficina UNODC, Bogotá: 
https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

Un gran favor que cualquier gobierno debe hacerle a Tumaco, es instalar una eficiente institucionalidad con capacidad de transformar sus realidades en función del desarrollo humano.

Las estrategias que se implementen para cumplir con lo pactado en el punto 1: reforma rural integral, no deben disfrazar los problemas coyunturales; deben resolver las causas estructurales. cualquier plan integral, debe contar con presupuesto sostenible en el largo plazo, que sea conocido por el país: eso es lo que exige el posconflicto.

Más ejemplos:

El día 27 de enero de 2017, el gobierno y las Farc-Ep dieron a conocer a través de un comunicado la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)[1] establecido en el acuerdo final del teatro Colón. Bajo este marco; como ya se dijo, el gobierno ha firmado acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria, concertados con organizaciones sociales y representantes de las comunidades en algunas zonas con cultivos de coca.

 http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1505

Los acuerdos de sustitución guardan diferencia de región a región y en sus contenidos se señalan los compromisos de cada una de las partes, definiendo principalmente, el compromiso de las comunidades con la sustitución, y del gobierno, en concordancia con los componentes del plan de respuesta rápida o de atención inmediata[2]. Sin embargo, los acuerdos presentan referencias muy generales a los demás elementos de la Reforma Rural Integral acordada en el Punto 1 y de la que el programa de sustitución, según el acuerdo final, es un componente integral.  

Jóvenes recolectores de hoja de coca en la vereda La Calera, municipio de Briceño, Antioquia.

El comunicado de los estudiosos en la implementación del punto 4 de los acuerdos, señala que las estrategias de los programas de sustitución de hoja de coca, ciertamente obedecen al afán del gobierno por disminuir las 146.000 hectáreas, registradas en el último censo de la oficina de las Naciones Unidas; a la presión mediática nacional e internacional, por contener el creciente aumento de los cultivos de coca; pero en medio del justificado afán, es necesario asegurar que las estrategias de erradicación forzosa y de sustitución voluntaria, se enmarquen en políticas públicas más amplias de desarrollo rural para garantizar una intervención integral en los territorios, tal y como se estableció hacerlo con el desarrollo del Punto 1 del acuerdo final.

https://twitter.com/rafacolontorres/status/839829314518536192

La implementación del punto 4 Solución al problema de las drogas, debe garantizar que las medidas de sustitución de cultivos de uso ilícito hagan parte de la política de desarrollo rural en su sentido más amplio.

El Acuerdo Final establece que el PNIS es un componente de la Reforma Rural Integral. Sin embargo, en la práctica esto aún no se ha materializado. En caso de no implementarse en el corto plazo, ello pondría en riesgo la sostenibilidad e impacto de las medidas de respuesta rápida.

Cualquier intervención de los programas de erradicación de cultivos de coca, debe estar bajo el marco de una agenda más amplia de desarrollo rural integral y no como una respuesta fragmentada que obedece a la necesidad de cumplir metas y comprometer presupuestos; esa es la lógica de la actual articulación interinstitucional de los programas de gobierno.  

En algunos de los acuerdos comunitarios ya convenidos, se acordaron medidas que el gobierno debe poner en marcha para complementar el plan de respuesta rápida para cultivadores y recolectores. No es suficiente con enunciar medidas...; es indispensable definir las instituciones que se harán cargo de estas funciones en el territorio y los recursos que permitirán avanzar en el PNIS como componente de la Reforma Rural Integral.

Mientras el programa de sustitución avanza en solitario, haciendo acuerdos con las comunidades para cumplir la meta, el gobierno no ha sido determinante en diseñar y poner en marcha una estrategia de monitoreo con indicadores y metas de transformación real de los territorios y no sólo de hectáreas erradicadas o sembradas: debe hacer estudios antropológicos en las zonas cocaleras donde ya no hay conflicto, medir los impactos sobre índices de pobreza multidimensional; presencia de servicios y/o bienes públicos como centros de salud, escuelas, centros comunitarios; costos de transporte hacia cascos urbanos o centros de acopio; y formalización de la propiedad rural.

El enfoque territorial debe guiar la intervención, teniendo como centro de gravedad los corregimientos y las veredas, y no exclusivamente las familias, reduciendo así el riesgo de que los avances no sean sostenibles.

A partir de la revisión de los acuerdos que se han firmado con las comunidades puede interpretarse que se hará énfasis en la entrega de subsidios directos a las familias. Lecciones aprendidas advierten sobre la necesidad de mejorar el balance entre la inversión efectuada en subsidios directos con aquella efectuada en bienes y servicios públicos, siendo esta última más eficiente para la generación de procesos de desarrollo territorial. En efecto, la evidencia enseña que los subsidios directos, tienen un costo alto y sus impactos son limitados.

No puede perderse de vista, las consecuencias negativas que ha generado la entrega de subsidios directos a las familias de una zona en particular, (Catatumbo), por ejemplo, disputas entre vecinos o desestímulo de proyectos colectivos.

Es posible interpretar, a partir del comunicado de enero y de los acuerdos con las comunidades, que la cobertura de beneficiados sería muy baja en comparación con las necesidades y por ende el nivel de frustración podría ser grande. Esto no solo resquebrajaría las relaciones de confianza entre el Estado y las comunidades, sino que se aleja de la idea de la construcción de procesos de desarrollo para la mayoría de los habitantes de un territorio, lo cual podría incrementarse a partir de bienes y servicios públicos, más que a través de incentivos directos.

https://twitter.com/rafacolontorres/status/839678377409855488

El Estado, no debe asumir compromisos que no están respaldados claramente por una asignación presupuestal.

Se estima que el valor de los subsidios directos a las familias es de 1.8 billones de pesos (36 millones de pesos para 50 mil familias), a lo cual deben sumarse los costos de transacción y de gestión operativa. Esta cifra, además, no incluye las medidas pactadas en el Punto 1 de Reforma Rural Integral.

Si bien el Gobierno ha sostenido que tiene los recursos asegurados para el desarrollo de los acuerdos con las comunidades, no está claro si cuenta con el presupuesto necesario para cumplir con los demás compromisos. A medida que se amplía la presencia del PNIS en nuevos territorios, el número de potenciales beneficiarios crece, lo que supera la meta inicialmente establecida. Esta situación no solo genera cuestionamientos sobre el costo real de la intervención estatal, sino también incertidumbres sobre la capacidad de financiar y ejecutar estos recursos de manera sostenible.

Se observa confrontación entre los programas de erradicación forzosa y fuerzas de cultivadores y productores...  

Ya se ha descrito que el gobierno se ha propuesto una meta de erradicación y de sustitución de cultivos ilícitos de 100.000 hectáreas de coca a partir de las estrategias de erradicación forzosa y sustitución voluntaria. En la práctica, las instituciones encargadas de cumplir esta meta no han estado articuladas ni a nivel nacional, ni en el territorio, pues han focalizado las mismas zonas para la implementación de las dos estrategias de manera paralela y sin coordinación. Lo anterior tiene un impacto negativo en la implementación del Acuerdo Final, que establece una secuencia adecuada según la cual los pequeños cultivadores tienen como primera opción la erradicación voluntaria, y la erradicación forzosa se implementa solo si no se logran acuerdos con las comunidades, o tras el incumplimiento de los mismos.

En distintos departamentos del país, se han presentado acciones de erradicación forzosa por parte de la Fuerza Pública, en zonas donde se han firmado acuerdos de sustitución voluntaria con las comunidades, que estaban en proceso de suscripción, o en donde no se ha dado la opción de suscribirlos. Esta situación pone en riesgo los espacios de concertación y en algunos casos ha derivado en conflictos con las autoridades.

Las estrategias de erradicación forzada deben entenderse como la última herramienta para los pequeños cultivadores, en los estrictos términos del Acuerdo de paz, por lo que el Gobierno debería suspender estas acciones hasta que se pueda comprobar que no hay condiciones para negociar, no se han logrado acuerdos o que no se han cumplido los acuerdos de sustitución. Las acciones de la Fuerza Pública deberían concentrarse en las grandes extensiones de cultivos de coca –los denominados “cultivos industriales” y los grandes productores–, y no en los pequeños cultivadores. En esta fase de transición del pos-acuerdo con las Farc, la prioridad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional debe ser la protección de las comunidades, fortaleciendo la seguridad rural.

Campesino líder comunitario de la vereda Santa Elena, del municipio de Mesetas en el Meta, lugar donde se desarrolló el proyecto piloto de Desminado Humanitario, acordado entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las Farc. 

Es urgente definir con claridad de qué manera las Farc-Ep van a cumplir con el compromiso suscrito de contribuir a solucionar el problema de las drogas ilícitas.

En el acuerdo final, las Farc-Ep se comprometieron a “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno.” Sin embargo, el actual diseño del PNIS, así como el comunicado publicado en enero y los acuerdos con las comunidades, no permiten dilucidar claramente el papel que tendrán las Farc-Ep en el proceso.

Como parte del anuncio de la puesta en marcha del PNIS se creó el Consejo de Dirección permanente, conformado por el Gobierno, las Farc-Ep y organizaciones civiles seleccionadas por las partes. Respetando los contenidos del Acuerdo de Paz, este Consejo debería funcionar como una instancia de seguimiento de los avances del Programa, y no de toma de decisiones o planeación. Por esta razón, el gobierno debería definir con claridad, las responsabilidades de este Consejo, delimitando sus funciones y evitando la suplantación de las funciones constitucionales de los poderes públicos.

Si bien en el anuncio de enero y en los acuerdos comunitarios que se vienen suscribiendo, el papel de las Farc-Ep es el de acompañar y promover la llegada del programa, es necesario aclarar, en primer lugar, su participación en el Consejo de Dirección Permanente o en cualquier otra instancia que formule política o imparta lineamientos estratégicos sobre la sustitución de cultivos; y en segundo lugar, las acciones prácticas que demuestren el compromiso de las Farc-Ep con la solución del problema y que puedan ser tenidas en cuenta como acciones de contribución a la reparación y elementos del componente restaurativo de la sanción.

https://twitter.com/rafacolontorres/status/839666984224763904

¿Qué ha sucedido por la desarticulación institucional?

Con base en el análisis del informe planteado por los estudiosos del problema de los cultivos ilícitos, durante el arranque de la primera fase de los programas de sustitución, hemos visto que existe débil articulación institucional, ambigüedades en las estrategias, escasa información sobre los presupuestos, e incoherencia en la implementación de los puntos 1 y 4 de los acuerdos, pues su puesta en marcha, exige, ser ampliamente consecuentes con la vocación del desarrollo rural integral, acordado entre las Farc-Ep y el gobierno de Colombia.

La coca se ha expandido a lo largo y ancho de la geografía nacional; ha crecido sobre zonas de cultivo histórico, existen corredores de cultivos de coca que unen el centro y la periferia, con las fronteras nacionales y la profundidad de las vegas de los ríos; la coca aumentó por la favorable percepción de los productores de hoja, ante los anuncios en octubre de 2005, de suspender la aspersión con glifosato; aumentó por la dinámica alternativa de combinar ganancias con la minería ilegal extractiva de oro en los ríos, durante las épocas de maduración de las cosechas y por el impulso de algunos jefes de finanzas de las Farc, durante las conversaciones en La Habana, que estimularon a productores de hoja con un cálculo errado: quien no tenga coca, se quedaría por fuera de los beneficios que el gobierno pactó con ellos.

La desarticulación y falta de coherencia institucional, se aprecia al medir la velocidad que cada programa imprime para cumplir con la ejecución anual de su presupuesto; es un régimen riesgoso, porque cada programa del gobierno, debe ejecutar anualmente un monto asignado de recursos; de no hacerlo, puede ser castigado y reducido el presupuesto del siguiente año. El problema de cada programa y operador de los recursos de la generosa cooperación internacional, sigue siendo ejecutar a como dé lugar, con el riesgo de que los planes no se focalicen en los temas críticos del corazón del territorio.

El sentido común durante el posconflicto, agrega un nuevo valor a las obras de respuesta rápida con la ecuación: si hago un puente que conecte veredas con corregimientos, además de hacerlo bien hecho, debe existir la certeza que hubo mano de obra local, que el alcalde participó en la planeación y que las comunidades perciben un cambio en su buen vivir.

Problemas por resolver: En el caso de los programas de lucha contra las drogas, la multiplicidad de actores a cargo de resolver tamaño problema, produce un cóctel de roles que nadie pone de acuerdo desde hace un par de décadas; quizás por eso no hemos sido tan exitosos en la eliminación definitiva de los extensos cultivos de coca.

El ministerio de justicia direcciona la política nacional contra las drogas; desde el ministerio de salud y educación se hacen los esfuerzos para reducir el consumo; el ministerio del posconflicto lidera la política de sustitución voluntaria, los programas que acompañan las estrategias de erradicación, las políticas que renovarán los territorios donde más intenso ha sido el conflicto y coordina los fondos de la cooperación internacional en función del desminado humanitario; el ministerio de defensa está a cargo del ataque frontal contra los eslabones de la cadena de producción, que incluyen el combate contra los insumos, la destrucción de laboratorios y cristalizaderos, la interdicción por tierra, mar y aire, el acompañamiento a la fiscalía en la lucha contra el lavado de activos.

La lucha contra las drogas y en especial los cultivos ilícitos como eslabón primario de la producción, requiere de  estrecha coordinación, más allá de las mesas donde se preparan los planes; requiere de estrecha coordinación en el corazón del territorio donde están las comunidades vulneradas por los cultivos y donde viven los productores de hoja de coca.

Los canales de comunicación a menudo desconectan sus teléfonos, por la multiplicidad de actores en esta compleja batalla; se ejecutan al mismo tiempo, múltiples operaciones con varias entidades; unas liderando políticas sin recursos y otras respondiendo con medidas coercitivas; tantos gerentes en una sola mesa no caben; los canales de comunicación existen; hay diálogo, pero débil convergencia en terreno; las entidades practican lecturas muy diferentes del territorio, con prioridades y presupuestos que no convergen.

En esta lucha contra las drogas que debe hacerse en el corazón del territorio, un protagonista de primer nivel y que mantiene bajo perfil es el Ministerio de Agricultura, responsable del desarrollo rural integral; trasmite la sensación de que los temas de cultivos ilícitos y la renovación que debe surgir en los territorios rurales, no es con él.

Por todo esto, y ante la falta de un ente que centralice y dirija esta política pública, que ordene las operaciones en territorio, en estrecha coordinación con las autoridades locales y las comunidades, se mantendrá el "status quo" de las hectáreas hoy sembradas con cultivos de hoja de coca y se entregará un territorio más hostil y radicalizado al próximo gobierno.

El gobierno de Juan Manuel Santos, ha anunciado subsidios para cada familia, con la que se acuerde sustituir voluntariamente la coca; esa medida no es sostenible para mantener oxigenado el corazón del territorio, para las cerca de 180.000 familias que viven directa o indirectamente de la coca.

Los avances del PNIS, refieren que cada familia recibirá 36 millones de pesos durante dos años. Si el plan busca beneficiar inicialmente a 50.000 familias, serían 1,8 billones de pesos. El problema es que en la medida que ingresen los programas de sustitución a las zonas cocaleras, se irán ampliando los planes a nuevos territorios y crecerá el número de familias que reclaman subsidios.

Los fondos no alcanzarán para atender a todas las familias; la estupenda velocidad que ha demostrado durante estos primeros meses, la agencia a cargo de la sustitución voluntaria, dejan apreciar que hay mayor interés por apagar el incendio que obliga a bajar el número de hectáreas sembradas, que ingresar con el deber histórico de llevar los servicios públicos que reclama la gente y que se pactó dentro de la reforma rural integral acordada con las Farc-Ep. 

Para cumplir con lo estimado, el gobierno debe publicar el plan de financiamiento de la política de sustitución. La primera meta del Gobierno costaría 1,8 billones de peso; pero si en principio se amplía por lo menos a 80.000 familias, se necesitarían 2,9 billones. Es preciso conocer con que fondos cuenta nuestro gobierno para financiar este gigantesco plan nacional y establecer con certeza, si se trata de aplicar paños de agua tibia, o si se aspira a desarrollar una intervención profunda. 

El presente de la implementación de los programa de sustitución no es el mejor;  no se ha iniciado la construcción de las vías terciarias, la construcción de aeropuertos en provincia, ni la instalación de un sistema de transporte fluvial en la Colombia profunda; lejos estamos de lograr que las redes de interconexión y de comunicaciones, converjan con las zonas productoras de coca; los alcaldes no disponen de recursos para fortalecer el sistema de educación rural, que permita el acceso a la educación, de los pequeños productores y jóvenes raspachines.

Desde las veredas del municipio del Retorno en San José de Guaviare, no hay vías para sacar la piña; por eso, es más práctico para un productor de coca, llevar una libra de pasta base escondida en el bolsillo, o esperar al comprador que golpea la puerta del rancho y entrega el pago de la coca en efectivo.

Son recientes las peticiones del gobernador de Nariño, de Antioquia y del alcalde de Tumaco, que exigen su involucramiento en las decisiones críticas de sus centros de gravedad. Las provocaciones y enfrentamientos con la fuerza pública, en zonas rurales de Llorente-Nariño; las protestas cocaleras en Briceño, ponen en primera fila a voceros del legítimo movimiento “Marcha Patriótica” y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, (COCCAM , Nariño). Estas organizaciones vigilan el comportamiento de las entidades del Estado en las zonas cocaleras y ondean con fuerza las banderas de la restitución de derechos. Esta escena, se repetirá en otras regiones con coca del país y sobre aquellas zonas donde las estrategias de erradicación voluntaria y forzosa, están separadas por un lindero de alambre de púas. La falta de profundidad de los programas sobre le corazón del territorio, propiciarán una andanada de protestas y paros a nivel nacional, lo que es peligroso. 

El país debe aprender de las lecciones que ha dejado el Desarrollo Alternativo en zonas donde los productores se ponen de acuerdo para sustituir con productos lícitos. Los programas de sustitución deben ser planeados en el largo plazo. Se recomienda que cuando se garantice ingresos por fuentes distintas a la hoja de coca, comience la erradicación voluntaria o forzosa.

Países como Tailandia han sido declarados libres de cultivos ilícitos y su modelo podría revisarse frente al que se desarrolla en Colombia. Reitero que además de reemplazar la coca por sustitutos lícitos, es necesario acompañar las zonas cocaleras con un amplio plan de desarrollo, que incluya la oferta de los bienes públicos que necesitan las regiones; solo así se acaba la marginalización de quienes viven y dependen de los cultivos de coca. 

Las Farc...

Las Farc seguirán manteniendo capacidades políticas, por su histórica influencia en la profundidad del país rural, allí donde los votos para elegir gobernadores, alcaldes y presidentes, casi no suman; sin embargo, no deben hacer cuentas alegres porque ya desarmadas, no pueden desconocer que existe un gran conglomerado del campesinado colombiano que no les copia.

Es cierto; mantienen su poder de convocatoria porque su discurso es el mismo que ahora lidera un sinnúmero de organizaciones base, herederas de sus banderas reivindicadoras de derechos; los nuevos liderazgos campesinos y sociales aprendieron muy bien la lección; animarán las masas inconformes, motivarán a los cocaleros no amparados por la sustitución voluntaria y exigirán al gobierno el mismo trato; el descontento se traducirá en bloqueos, en planes de choque que disminuyen los presupuestos de los planes estratégicos sectoriales.

Río revuelto...

En río revuelto, aparecen las oportunidades para los nuevos movimientos políticos; las mismas Farc ya incorporadas a la vida civil, se frotarán las manos al ver las masas agitadas a causa de la incompetencia y el desorden institucional; de esta forma, al perderse el corazón del territorio, por parte del Estado y al potenciarse el centro de gravedad de las Farc, los brazos y todas las extremidades que conectan al país rural con el urbano, producirán el más grande de todos los cortos circuitos, al sumergirnos en la misma historia de antes.

El hecho de no modificar la historia reciente del país rural, puede mutar en que una sociedad cansada de lo mismo de siempre con sus gobernantes y políticos, escoja nuevas fuerzas políticas que van en contra de la corrupción y del clientelismo, de la tradición política; grave sería que quien llegue a hacer los cambios, siga utilizando el gobierno para enriquecerse y continúe restándole importancia a la población rural campesina.

El nuevo gobierno, no puede seguir haciendo más de lo mismo; no puede estancarse en la continuidad de la política basada en populismo. Los cargos públicos claves donde se toman decisiones para transformar los territorios, siguen siendo usados para pagar favores y siguen en manos de funcionarios más políticos que técnicos.

Es más fácil comenzar una guerra que terminarla y esta que está terminando ha dejado demasiadas heridas y desconfianzas; cerca del corazón del territorio hay persistencia de patrones de violencia en función de poderes y negocios que persisten, en disputas territoriales, por rentas y formas de hacer política; existen nuevos grupos armados que tomaron territorios donde había presencia de Farc, que están actuando contra los defensores de los derechos humanos y contra la misma reconstrucción del tejido social y comunitario.

Nos alistamos para escoger un nuevo presidente; Juan Manuel Santos dejará la tarea incompleta; no recuperó el corazón del territorio, aunque apagó buena parte de las armas que lo incendiaban y que amenazaban su periferia.

Los políticos deberían reflexionar sobre lo que ha pasado y está sucediendo: acabar con sus apetitos; mejor unirse para forjar valores en democracia, unir a los colombianos para conquistar el orgullo nacional; que se permita una nueva forma de gobierno donde tengamos jóvenes con empleo, municipios rurales con orden, desarrollo rural y disciplina; que las proezas tecnológicas y las soluciones ambiciosas de infraestructura que admiramos de los países desarrollados, lleguen al país; que no siga siendo una excusa para la integración nuestra compleja geografía; que puedan vivir los ciudadanos pobres con dignidad y que los ricos se comporten con responsabilidad, respeto y solidaridad.

Que los políticos tradicionales se jubilen y se vayan para sus casas, que permitan una nueva forma de gobernar, esa que sepulte la mendicidad, el asistencialismo; esa que elimine la resignación, el odio y la desigualdad; eso que termina siempre por convertirse en guerra.

La explosión de las noticias sobre las nuevas redes de corrupción en Colombia, ponen en evidencia el deterioro moral y la codicia desmesurada; la nueva política nacional debe expulsar muy lejos la ambición y concentrarse más bien, en recuperar y proteger el corazón del territorio.

Escrito por Rafael Alfredo Colón Torres, en Chía el día 01 de Abril de 2017

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[1]A partir de este párrafo hasta la página 11, se hace referencia al comunicado sobre la política de sustitución de cultivos de uso ilícito, publicado por la  FIP: Fundación Ideas para La Paz, en asocio con un grupo plural de organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación adscritos a universidades y académicos, que apoyan el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep, publicado el 25 de abril de 2017. http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1505

[2] Para cultivadores: El primer año: Un millón de pesos mensual hasta por 12 meses como remuneración por actividades de sustitución, preparación de tierras o trabajo en obras de interés comunitarios; $1.800.000 para proyectos de seguridad alimentaria; nueve millones de pesos para proyectos de ciclo corto. El segundo año: $10.000.000 para proyectos productivos, apoyo para el acceso a crédito y asistencia técnica.

Para recolectores: El primer año: Un millón de pesos mensual hasta por 12 meses para financiar actividades de sustitución, preparación de tierras o trabajo en obras de interés comunitario. El segundo año: se promoverán acciones para identificar opciones de empleo temporal.