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Tormentas perfectas....


Comienzo por concentrar la atención en dos factores que pueden originar la tormenta perfecta en Colombia: 1.- la persistencia del débil control institucional en los territorios de la periferia, allí donde por falta de autoridad y eficiencia del Estado, se concentra la disputa por las rentas ilegales, y 2.- el narcotráfico como el espiral que sumerge las redes criminales, al crimen organizado y la corrupción, en un agujero negro que distrae la atención del Estado; mejor: es la excusa perfecta para atrasar el desarrollo integral del país. 

Adelante explicaré las nuevas dinámicas de los territorios en conflicto luego del acuerdo con las Farc, y la persistencia del narcotráfico, como un fenómeno peligroso que no hemos podido dominar.

Cuando un gobierno carece de estrategia, sus mejores planes fracasan y cuando sus instituciones son débiles, la anarquía las conduce a su disolución; por eso, la eficiencia institucional, será siempre el mejor camino para matizar rivalidades, para armonizar el trabajo en equipo y para responder a las frustraciones de millones de colombianos habitantes del país rural.

Colombia pareciera entrar en una nueva fase de confrontación armada, porque han quedado en evidencia nuevas formas de disputa por territorios que siguen lejos del alcance de las políticas públicas y de las reformas que transformarían los campos colombianos para el bienestar de sus habitantes.    

Hay dos cosas que quedan en la retina de los colombianos luego del acuerdo con las Farc: que la corrupción estaba tapada bajo las noticias del conflicto con las guerrillas y que ha comenzado una nuevo conflicto armado en regiones históricamente abandonadas, como son el Catatumbo, Tumaco, Chocó, el eje Meta, Guaviare, Guainía, Vichada, y el eje Valle del Cauca-Cauca (Ver mapa FIP). 

Foto tomada por ciudadano en medio del Bloqueo sector Pescador, Mondomo, Cauca
jueves 26 de octubre de 2017
Nótese un hombre de civil: armado...!

Sobre estas regiones, el gobierno se demoró más de la cuenta en reaccionar. Mientras se acordaba en La Habana los puntos de la agenda, al interior de algunas instituciones pensaban en futuro y no en presente, sobre el cómo llevar a la operación todo lo que se iba acordando y cómo sortear una gran verdad: la testaruda y pesada articulación interinstitucional, que adormece la iniciativa estratégica del Estado colombiano.

El ejecutivo, falto de unidad de mando y de cohesión estratégica, debería haber desarrollado en simultáneo las tareas de alistamiento para atender las nuevas realidades territoriales.

El gobierno no se alistó lo suficiente.  Paros, manifestaciones, bloqueos de vías, retención de miembros de la Fuerza Pública por parte de organizaciones sociales e indígenas, es la respuesta a la improvisación, la desarticulación institucional, y, a una administración sin fondos. 

Ahora, pese a que el gobierno nacional ha establecido mecanismos y agencias para implementar los acuerdos, los programas no cuentan con dinero; esperan la nobleza de la cooperación internacional, porque no hay dineros suficientes del fisco nacional para el pos acuerdo con las Farc. Lo que hay, alcanza para apagar incendios; además, las entidades encargadas de ejecutar, deben participar en una maratón con una pista llena de obstáculos, instalada sobre un escenario de laberintos fiscales y administrativos. 

El caso Tumaco, deja en evidencia dos cosas: por un lado la histórica ineficiencia institucional para gobernar un territorio históricamente en conflicto, y por otro lado, que existe una guerra a muerte por la disputa de las economías ilegales. Ese panorama exige un timonazo hacia sotavento, hacia la dirección correcta, hacia donde indica el sentido común.

Una nueva hoja de ruta debe integrar definitivamente todas las capacidades institucionales, para enfrentar las amenazas y los riesgos que generan las nuevas expresiones de violencia, los reacomodos y alianzas del crimen organizado, especialmente sobre las zonas donde se observan más tensiones que soluciones de fondo.

En Tumaco, el gobierno trabaja a marchas forzadas para solucionar los problemas generados por los cultivos ilícitos, que parecieran el actual centro de gravedad de su política territorial.

Terminar el conflicto armado con las Farc, ha dejado en evidencia las nuevas tensiones que generan las disputas por las rentas ilegales y la protesta social, que podría poner contra la pared al gobierno colombiano. 

A propósito de las nuevas dinámicas territoriales, la Fundación Ideas para La Paz, (FIP), ha elaborado este mapa en un estudio recientemente publicado en su portal:


El mapa permite apreciar siete regiones del país, donde persiste la disputa por los territorios de parte de actores armados ilegales; sobre amplias regiones del Chocó, Tumaco, Cauca, el Bajo Cauca, Buenaventura, el Eje Llanos Orientales-Orinoquia y el Catatumbo, se observan los siguientes rasgos, enunciados por la FIP, y explicados en este blog:

1. Continuidad y reacomodo de otros grupos guerrilleros...; allí el gobierno reaccionó tardíamente para ocupar y controlar los espacios dejados por las Farc desarmadas. Pese a la asimétrica forma de operar de los grupos armados ilegales interesados en el narcotráfico, el ministerio de defensa, no fue lo suficientemente amplio en sus planes de contención, para rechazar elementos armados que continuarían o se reacomodarían en los territorios con rentas ilícitas.  

2. Persistencia del crimen organizado a nivel rural y urbano, ya sea porque no habrá mayores cambios o porque desde ya se vislumbra la posibilidad de reacomodos y disputas con otros grupos similares o guerrilleros...; sobre los municipios de la ruralidad nacional afectados por el conflicto con las Farc, el gobierno demoró poner en marcha los nuevos programas, para fortalecer las capacidades locales de desarrollo rural y de justicia; también se demoró en reestructurar los nuevos programas encargados de la lucha contra el narcotráfico; hubo improvisación, y las instituciones sectoriales no hicieron un buen cálculo político, ni estratégico. 

3. Surgimiento de nuevas estructuras armadas promovidas por desertores y disidencias de las FARC, que continuarán de manera independiente o forjarán alianzas, disputas o coexistirán con otros grupos. Allí hubo tardía respuesta institucional y por tanto, débil atención a los nuevos problemas de seguridad que producen los nuevos actores armados y los grupos criminales que aspiraban a quedarse con los corredores de movilidad de los territorios susceptibles a las economías ilegales.

4. Permanencia y exacerbación de otras violencias como agresiones a líderes sociales. Las muertes violentas de líderes sociales ponen en duda la capacidad de los organismos de seguridad para proteger la vida de cientos de líderes sociales, líderes de organizaciones afines al grupo político de las Farc. La Defensoría del Pueblo, ha consolidado entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio de 2017: (186 homicidios y este año la cifra sigue en aumento).

Si el gobierno nacional, no encuentra el mejor rumbo, que lleve al mejor puerto, las demandas de las comunidades, podremos ingresar a las tormentas perfectas que aumentan las divisiones, promueven las confrontaciones políticas, atrasan los mejores planes y destruyen cualquier estrategia.

¿Qué ha pasado? contrario a la lógica de sincerarse con las comunidades y con el país, nuestro gobierno ha permitido que sus programas arranquen a cumplir metas para mostrar resultados, pero sin capacidad de respuestas integrales, desnudando flaqueza estratégica y esas contradicciones, profundizan la desconfianza que se trasforma en frustración en amplios sectores de la sociedad.

El mayor riesgo por la falta de integralidad de las estrategias y políticas públicas, es que se dispersan los recursos de los planes de largo aliento, al ser distribuidos en planes de choque para abarcar varios frentes al mismo tiempo; por eso, el esfuerzo principal se diluye en varios frentes secundarios. 

Se está formando la tormenta perfecta.
Si la institucionalidad no es capaz de ejercer el control institucional amplio del territorio, se corre el riesgo que la violencia se profundice y se unan al desorden, nuevas fuerzas antisistémicas.

Cuando no hay eficiente control institucional sobre los territorios rurales, su población queda en medio de los intereses políticos de todas las tendencias, la ideología encuentra terreno abonado y la protesta social trasciende a enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las comunidades.

En los paros que durante las últimas semanas se han presentado  en regiones como el Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Cesar, las autoridades han observado personas vestidas de civil, portando armas largas. (Ver foto tomada en Mondomo Cauca, el 26 de octubre de 2017).

Los reacomodos de las bandas criminales, de los disidentes y desertores de las Farc, ejercerán nuevas tensiones para ganarse el control sobre los corredores de movilidad del narcotráfico, las rutas fluviales y selváticas para transportar la cocaína; con ello buscan los actores ilegales facilitar el ingreso de los insumos, a los laboratorios y cristalizaderos de clorhidrato de cocaína.

En medio de la fuerza que ejerzan estas bandas y mafias que tienen como objetivo mantener la hegemonía del narcotráfico y la minería ilegal, quedará una estela de nuevos desplazamientos, más jóvenes reclutados en las filas del crimen, más violencia sexual, nuevos crímenes a líderes y activistas de derechos humanos, asesinatos a miembros de las Farc cobijados por el acuerdo de paz, asesinatos de líderes que apoyan los programas de sustitución de cultivos ilícitos, o crímenes contra líderes afines al movimiento político de las Farc...

Pareciera que mientras en La Habana se negociaba con celeridad y seriedad, en Bogotá no hubieran alistado las estrategias del pos acuerdo con las Farc y que no hubieran dimensionado el tamaño de su responsabilidad con la historia y el acuerdo mismo. Los miembros de las Farc desarmadas que acompañan los programas de gobierno durante esta fase de la implementación, han observado la complejidad del ejercicio de la coordinación interinstitucional, las dificultades para ejecutar los fondos públicos y las contradicciones de un Estado que se percibe como incapaz de dar respuestas integrales, a los grandes problemas del campo y de la periferia de las ciudades.

El narcotráfico como fenómeno y factor desestabilizante, sigue usando grandes esfuerzos del Estado que actualmente lo enfrenta con estrategias deshilvanadas y contradictorias. Si desde hace más de 30 años venimos enfrentando la lucha contra el narcotráfico, hoy parecemos estar en el mismo punto de partida. (Recomendado: https://www.las2orillas.co/hasta-los-tuetanos/)

En las zonas más densas con cultivos de hoja de coca, excluidas del desarrollo rural, persiste la cadena del sistema del narcotráfico:
  • Etapa de Producción de hoja de coca: involucra la tierra, semillas, maquinaria, tecnología y depredación del medio ambiente; al ampliarse la frontera agrícola se tumban bosques y selvas, se depredan las vegas de los ríos, se pierden grandes extensiones de selva o bosque tropical, para sembrar nuevos plantíos de coca. En esta fase intervienen familias productoras de arbustos de coca. 
  • El Procesamiento de la hoja de coca: se establece la recolección de la cosecha de hoja de coca, (generalmente 4 cosechas por año), infraestructura de los centros de acopio, insumos químicos, complejos industriales, mano de obra, redes de apoyo, seguridad, y contrabando. En la primera etapa intervienen los pequeños productores que transforman la hoja en pasta base de coca y finalmente intervienen los criminales que la convierten en clorhidrato de cocaína.  
  • Transporte: Los medios utilizados son fluvial, terrestre, líneas de comunicación hacia los centros de acopio, control de espacios terrestres, de salida al mar, y microtráfico. Esta fase implica la aplicación de medidas de seguridad e inteligencia de los grupos criminales.
  • Comercialización: Aquí se encuentran las redes de distribución, redes de apoyo de transporte nacional e internacional, el jíbaro y el narcomenudeo. También implica seguridad e inteligencia de las mafias encargadas de la comercialización.
  • Consumo: En este punto del eslabón se evidencia el problema social y de salud pública por el incremento en los consumidores.
  • Lavado de Activos: Es el último eslabón de la cadena criminal donde se refleja el financiamiento y sostenimiento de la actividad ilícita; hay flujos de dineros hacia las mafias y paraísos fiscales.
Este panorama que se viene dando antes del acuerdo con las Farc y ahora acentuado sin ellas, exige de instituciones fuertes y estrategias integrales que brinden seguridad a los colombianos, mayor bienestar para todos y no repetición del conflicto armado por causa de la improvisación y de un deshilvanado cálculo político.

Otro factor que se agrega a la tormenta perfecta es la protesta social. Mientras el gobierno envía señales de incoherencia, las organizaciones sociales bien aplicadas comenzaron el tiempo electoral con movilizaciones en campos y ciudades, portando sus banderas de reivindicación de derechos, los mismos que siempre pregonaron las Farc. La protesta paralizará calles y caminos, inundará la plaza pública de las ciudades capitales con el objetivo de llamar la atención a los centros de poder, para mostrarle al país que el gobierno es incapaz de responder a sus demandas históricas.

Los movimientos sociales, el movimiento indígena (Minga de resistencia por la defensa del territorio, la dignidad y el cumplimento de los acuerdos), las exigencias desde los territorios colectivos y zonas de reserva campesina, los cocaleros..., han sumado a sus causas e inconformidad histórica, un nuevo argumento: el “incumplimiento del gobierno a los acuerdos con las Farc”.

Es evidente que algunas organizaciones sociales, son afines políticamente a las Farc. Pero quienes estuvimos de acuerdo en que las Farc negociaran políticamente con el gobierno, debemos propender por lograr el mejor ambiente para que se amplíen los mecanismos de una democracia justa y participativa, esa que no le quita nada al que ya tiene, esa que respeta a quien ha conseguido su patrimonio con trabajo y sacrificio; esa que busca la inclusión de todos, la que abriga el respeto, la tolerancia, y la que permite que el disenso enriquezca hasta nuestro propio punto de vista. 

El inconformismo puede desembocar en más enfrentamientos y en la medida que no haya capacidad institucional, se pueden gestar nuevas fuerzas antisistémicas ideologizadas, que usarían conscientemente el odio y la apostasía, para emprender un estilo particular de lucha, que al final solo persigue destruir radicalmente el sistema social vigente, por otro alternativo completamente diferente, que una vez alcanzado y conquistado el poder del Estado, mutan radicalmente para convertirse en movimientos simplemente intrasistémicos y hasta defensores del ligeramente modificado status quo

Los gobiernos deben revisar sus objetivos estratégicos, entendiendo las dificultades fiscales en medio de la recesión económica; toda la institucionalidad en firme, debe seguir luchando contra la corrupción para destinar con la mayor certeza, transparencia y justicia, sus fondos públicos en beneficio de las comunidades.

Es preciso el mayor compromiso con el desarrollo rural; pero esto requiere de una mejor planificación estratégica al interior de la institucionalidad, la comprensión de las nuevas dinámicas territoriales y la acción conjunta de los poderes públicos, para fortalecer la cobertura y eficiencia del Estado Social de Derecho, ese marco jurídico­ político propuesto en la Constitución de 1991, dentro del cual todos los colombianos nos comprometemos a  construir unas nuevas relaciones, basadas en el respeto y la igualdad, en los principios y valores como la vida, la prevalencia del interés general sobre el particular, la solidaridad, la protección de las riquezas culturales y naturales, la dignidad humana y la participación ciudadana.

La persistencia de las contradicciones irresueltas en el campo colombiano, animan las crisis recurrentes, que pueden transformarse en la tormenta perfecta. Se sucederán los movimientos de resistencia, las luchas por transformar el sistema democrático, si los gobiernos no son capaces de comprometerse y cumplirle a la gente más aislada del desarrollo.  

Escrito en Chía el 03 de Noviembre de 2017 a las 17:35h

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