¿Por qué asesinan tanto en Colombia?

Por cualquier cosa...; porque la violencia no da tregua desde los tiempos de la independencia; por tantas disputas intestinas, seguimos fervientes con los odios, permanecemos ansiosos de matarnos unos a otros; y como enfermos por sangre, en todos los rincones del país, andan sueltos decenas de grupos al margen de la ley, que se nutren de las economías ilícitas, vigentes por la incapacidad de la política.

Colombia luce signada por la violencia desde su mismo nacimiento republicano.

En la imagen, los ciudadanos de Suárez, Cauca, realizaron una velatón para repudiar el asesinato de la candidata Karina García. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Porque no aprendemos las lecciones y seguimos en las mimas: grupos focalizados de personas, élites poderosas y grupos armados, se han valido de la violencia, como instrumento de presión, para el logro de diversos propósitos particulares; la tendencia pareciera indicar, que en Colombia ha sido y es fácil ser bandido. 

Porque persisten los bajos índices de desarrollo humano: durante más de cuatro décadas el campo ha sido escenario de violencia pobreza y reformas fallidas o inconclusas. Según el último informe sobre el Desarrollo Humano de Naciones Unidas, en Colombia, el 94 por ciento de nuestro territorio es rural, y el 32 por ciento de la población vive allí; sus relaciones son eminentementes rurales.

Porque hay múltiples conflictos relacionados con el uso y tenencia de la tierra irresueltos, y una deuda social enorme: mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%; en el campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Este es el resultado de décadas de abandono y olvido; 60% del empleo rural es informal; 83% de la población rural está en el régimen subsidiado de salud; el 55% de los campesinos pobres nunca ha recibido asistencia técnica; el 11% no tiene vivienda y el 16% tiene vivienda en mal estado. El 85% de la población carece de alcantarillado; el crecimiento del PIB rural en la última década fue de 2,8%; el analfabetismo es del 18,5%; 60% no tiene agua potable.

Campesino de los Montes de María: el gran intento de Reforma Agraria, durante el gobierno de Carlos Lleras (1968 - 1974), logró apenas otorgar 123.000 títulos frente a 935.000 familias que habían sido consideradas como potenciales beneficiarias. Actualmente el 77% de la tierra, está en manos de 13% de propietarios, pero el 3.6% de estos, posee el 30% de la tierra. Casi el 75 % de los habitantes de zonas rurales gana por debajo de un salario mínimo. Más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia.

Porque existe incapacidad del Estado, para ejercer efectivo control para el porte y tenencia de armas, que provienen del mercado ilegal y legal, por lo que particulares y bandas criminales, se arman y las usan con el pretexto de hacer justicia por sus propias manos.

Porque la persistencia de las economías ilícitas arraigó en diversos componentes de la sociedad colombiana, la cultura de la ilegalidad, el facilismo para alcanzar objetivos personales, políticos y económicos, corrompiendo valores sublimes, como el respeto a la vida,  el civismo y la ética, principios inalienables de convivencia y del  buen comportamiento humano.

Porque Colombia padece graves síntomas de enfermedad mental, que se refleja no solo en los crímenes de diversa naturaleza, sino en maltrato a personas, a mujeres especialmente; bullying, irrespeto generalizado, protesta social violenta promovida por encapuchados, vándalos fanáticos intransigentes, sectarios ideologizados, son algunos de los síntomas; la rebeldía, la desobediencia e indisciplina, como un patrón de comportamiento humano en amplios sectores sociales; crecientes índices de abusos sexuales a menores, y adolescentes, en calles, parques, campos y ciudades.

Por ausencia de una efectiva presencia integral del Estado, para llevar desarrollo y bienes públicos a la periferia del país. La incapacidad política del Establecimiento para resolver los temas más álgidos sobre las regiones más dispersas, produce indignación, desconfianza y rechazo a cualquier iniciativa; fuerzas de distintos matices, han construido narrativas en contra del mismo Estado, a quien lo consideran como el determinador de cualquier conducta punible, de la idea y la voluntad de los criminales; por tanto, acusan: “es el gobierno Duque el responsable de todos los crímenes”.

Por las causas objetivas: la pobreza, las desigualdades, la falta de oportunidades, se constituyen en bandera para la reivindicación de derechos, que al no suscitarse, con la determinación requerida, produce todo tipo de instrumentalización política o armada.

Por el bajo nivel de educación que afecta especialmente a la población más vulnerable. El no acceso a educación de calidad, que permita adquirir habilidades profesionales en un mundo competitivo, crea incentivos perversos, para que las bandas criminales, estimulen a esta población, en función de sus nefastos intereses.

Porque Colombia es un país de regiones, y leemos mal sus vocaciones, sus capacidades; y es por tanto que tenemos una desconexión entre el territorio, sus gentes y sus gobiernos; tal condición, produce estrategias desarticuladas y bajo compromiso ético con las zonas más afectadas por la inseguridad, la violencia, y el subdesarrollo.

Colombia es única...

Posee condiciones muy propias; y la crítica que lo compara con otros países de la región, interroga: ¿por qué allí si puede y por qué aquí no?: aunque podría leerse como un determinismo, la enorme complejidad de nuestra profunda geografía, es un factor a tener en cuenta en la implementación de cualquier política, en nuestro modelo centralista.

La violencia en Colombia, ha producido desplazamientos de colonos y víctimas, en busca de oportunidades; y al producirse una ocupación desordenada, no planificada del territorio, cada asentamiento, se obliga a extender la frontera agrícola en busca de su propia sobrevivencia; todos los asentamientos sobre los ríos, las faldas de empinadas montañas y profundos valles, precisa de bienes y servicios.  

La red fluvial de Colombia es singular; es de las más ricas y complejas del mundo; la agreste geografía, sobreextiende las líneas de comunicación; no disponemos de un sistema de transporte fluvial, o férreo, que nos conecte desde el centro hasta la periferia; la infraestructura es incipiente; por tanto, en medio de esas zonas grises, se instalaron nodos de economías ilícitas, fuente de recursos para las bandas criminales que disputan la supremacía sobre los cultivos de coca, la marihuana, el contrabando, el oro, el coltán y el platino.

Al ponerte sobre el mapa, lo puedes agrandar. Nota geográfica: la red fluvial de Colombia tiene una longitud total de 24.725 km, de los cuales 18.225 km (74%) permiten navegación menor permanente durante todo el año. De éstos, 7.063 km (39%) admiten, además, navegación mayor y permanente; y 4.210 km (23%), navegación transitoria de embarcaciones mayores. Los restantes 6.500 km (26%) no son navegables.

Nuestra privilegiada posición geográfica y los territorios aún inexpugnables, llenos de caminos, de recovecos y de obstáculos, permiten exportar cocaína a todos los espacios del orbe. Si existiera vida en Marte, hasta allí llegaría nuestra cocaína.

Todos los factores que producen violencia, excluyendo el valor agregado de la compleja geografía nacional, son políticos, y este gobierno, NO ha logrado acuerdos políticos, con sus más acérrimos rivales; por eso el país, pareciera que arde.   

En estas condiciones, aumenta el furor de las elecciones regionales de octubre; desde ya, los ilegales conceden permisos a los candidatos, sobre amplias zonas rurales, para que hagan sus campañas; las normas sociales que regulan el comportamiento electoral no rinden culto a los valores democráticos, sino al clientelismo; las redes del crimen organizado, junto con las guerrillas disidentes, son un factor exponencial, que al lado de liderazgos autoritarios en varios municipios, sugieren contratar sus servicios, o sicarios, para que eliminen a contendores políticos.

La justicia que debe hacerse cargo, de los bandidos de diverso pelambre, luce pesada e incapaz, por los esguinces que le hacen quienes defienden lo indefendible, por la asfixia de tantas leyes, por su contexto de politización, de inaccesibilidad, y congestión estructural.

Medellín, Comuna 13, octubre 2002. Huellas de los enfrentamientos entre guerrilleros, paramilitares y el Ejército en Medellín. Jesús Abad Colorado.

¿Qué está pasando? 
La ciudadanía no se toma las cosas en serio; abordamos los temas con absoluto simplismo y poca seriedad; nos acostumbramos a generalizar, culpar, acusar con especulaciones temerarias que encajan con narrativas políticamente atractivas; nos desaniman los procesos de largo plazo, y si en el camino encontramos una mediana satisfacción, nos acomodamos, y dejamos a un lado, la empresa de largo aliento.

Es por tanto, que poco valor damos al trabajo en equipo, cuando se tratan los asuntos estratégicos y trascendentes de la nación; el fracaso por la falta de rigor, produce indignación; la desazón vulnera la confianza ciudadana hacia las instituciones, y las políticas públicas, lucen desintegradas.

Los colombianos perciben que se ha incrementado la violencia política, por la señalada incapacidad institucional, a la cual, pese a todo, no le caben las culpas por todo lo que pasa, ni la condena que se le hace por el asesinato de líderes sociales: "el gobierno está confabulado con bandas criminales y su responsabilidad es sistemática"; (es la acusación de un sector de la oposición al gobierno del presidente Duque); pero como lo manifestara el presidente de la Comisión de la Verdad, Padre Francisco De Roux, al hacer su balance sobre el primer año de la Comisión, y publicado por el diario El Colombiano de Medellín; - decir que "las Fuerzas del Estado tienen organizada una sistematización para matar líderes, eso sería muy banal y no explica nada" -

Agrego a las palabras del presidente de la Comisión de la Verdad: son insustanciales tales acusaciones; el efectismo es por tan justa indignación; las solas acusaciones, nos deben más explicaciones: he registrado que hay profundos vacíos dentro de todos los elementos constitutivos el Estado, (el territorio, la población y la autoridad con su sistema jurídico); hay problemas en su interior; pese a los esfuerzos de varios gobiernos, no se ha resuelto la histórica incapacidad institucional.

La misma naturaleza política de nuestros conflictos bicentenarios, las nuevas dinámicas que produce la diáspora de ciudadanos venezolanos sobre nuestros municipios y ciudades, el entorno geopolítico con la frontera armada por Nicolás Maduro, (donde reposan disidencias de las Farc y se aprovisionan estructuras armadas del Eln), la informalidad manifiesta de las reglas, que se afianzaron en la forma de hacer política en Colombia, son factores que también deben ser considerados para responder al interrogante de este Blog.

En positivo, la firma de los acuerdos con las Farc, ha sido fundamental para disminuir los homicidios y para mejorar los indicadores de violencia, pero  después del acuerdo, la violencia se ha reciclado en diversas manifestaciones, y los colombianos comenzamos a sentir que volvió la sozobra.

Los asesinatos sobre los territorios donde históricamente han existido economías ilícitas, se está incrementando por la confrontación armada, entre facciones del Eln, Epl, Bacrim y Neoparamilitares, que disputan territorios donde hubo "hegemonía" de las Farc.

Las ExFarc que hoy le cumplen a los acuerdos de paz, debieron hacer entrega detallada a las autoridades sobre las redes de apoyo, soporte de sus  actividades ilegales en armas; como lo he dicho, ellas, ocupaban amplios territorios, donde buena parte de lo ilegal estaba bajo su control. Ahora, sin ellas, varios grupos delictivos, por el delirio de ser el más poderoso, disputan hacer más de lo mismo; y por tanto, esos grupúsculos, fragmentaron lo ilegal, y atomizaron los asesinatos. 

También es evidente que hubo demora de la Fuerza Pública para ocupar esos territorios: desde el avance de los acuerdos en La Habana, era previsible que el Estado tardara en ocupar las áreas geográficas, donde se ejercía control ilegal del territorio por parte de las Farc; el gobierno Santos, no reparó sobre las acciones tácticas que se derivaban por el desarme de las guerrillas farianas.

Ese vació de poder ilegal, fue aprovechado por actores de diverso raigambre; es por tanto, que los colombianos percibimos que estamos regresando a los antiguos escenarios del conflicto armado, y por la instrumentalización política de los acuerdos, se crispó la polarización, al chocar las fuerzas políticas que apoyan y que no apoyan los acuerdos.

Regiones como el sur de Córdoba, Catatumbo, Bajo Cauca Antioqueño, Nariño, Arauca, y el norte del Cauca, hoy perciben que la violencia armada ha regresado con más intensidad.   

También la fuerza pública comienza a sentir los rigores las disputas territoriales: según un informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), las muertes de uniformados aumentaron en lo que va del año. Al corte del 19 de septiembre pasado, se habían registrado 88 fallecimientos en acciones del conflicto, frente a 72 que se presentaron en el mismo periodo del año anterior. El alza es de 23 por ciento. La cifra también es la más alta desde 2015, justo antes de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

Una tendencia similar se observa en el número de heridos. Mientras que en 2018, el Cerac registró 169 miembros de la fuerza pública afectados, en 2019 la cifra ascendió a 281, un aumento del 29 por ciento. Las estadísticas de uniformados heridos venían bajando de forma sostenida desde 2013 y el registro del año en curso es el más alto desde 2015.

Luego de tratar las consideraciones para dar respuesta al interrogante formulado en este texto, debo consignar que quienes hoy asesinan en Colombia con sistematicidad, son las siguientes fuerzas ilegales, empeñadas en destruir al país: Disidencias de las Farc, Eln, Epl, Clan del Golfo, Águilas Negras, Bloque Libertadores del Vichada, Autodefensas Gaitanistas, Los Urabeños, Erpac, Los Puntilleros, Los Caqueteños, Los Botalones, Los Rastrojos, Los Pelusos, La Cordillera, La Constru, Los Pachenca, La Empresa, La Terraza, Los Contadores, Las Guerrillas Unidas del Pacífico, El Frente Oliver Sinisterra, El Clan Isaza, Caparrapos; la Mano Negra, etc; y un puñado de poderosos que contratan sicarios,  o, a estas organizaciones, para eliminar a sus rivales.

Esta lista del crimen organizado protagoniza cruentas disputas sobre los territorios, donde persisten las economías ilícitas, y la violencia política; están en capacidad de destruir ecosistemas, asesinar líderes sociales, políticos, soldados, policías, o, a cualquier colombiano. 

Además de los intereses económicos y mafiosos, que las motivan, algunas de estas organizaciones, practican criterios fundamentalistas ideológicos, inspirados en los postulados más radicales, de la derecha y la izquierda, de la política nacional. Las barras bravas que alimentan los odios polarizantes en Colombia, y que fungen como Hooligan, guardan marcadas simpatías, y cierta fidelidad, a los grupos armados clandestinos, ilegales, de extrema derecha y de extrema izquierda, enlistados.   

Consideración final: la violencia armada, pasa por la arrogancia humana, por el lenguaje vengativo que usamos; las acusaciones, condenas y blasfemias, que vociferan las barras bravas más ideologizadas y dogmáticas, de la izquierda y de la derecha más obstinada del país, es interpretada por la lista del mundo criminal en Colombia, como una orden para salir a matar.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VuNalctk7FY

Nuestra responsabilidad como ciudadanos, es hacer un pacto nacional, sin esperar a que la política que nos divide, lo decida: debemos tratarnos mejor y respetarnos más. La invitación para los colombianos emprendedores y constructores de ciudadanía es simple; hagamos equipo en todo lo que le haga bien al país, y a sus instituciones;  sin duda, debemos seguir creciendo en medio del desorden, en medio de las tormentas, en medio de los errores de los gobiernos, y en medio de nuestros propios errores. 

https://twitter.com/rafacolontorres

Escrito en Chía, el 16 de septiembre a las 22:00h

La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo han advertido sobre la gravedad del problema. De hecho, el mes pasado la segunda emitió una ‘alerta electoral’ con los municipios en riesgo de sufrir el flagelo de la violencia política. Según la entidad hay 402 municipios en riesgo, de los cuales 176 están en riesgo alto y 78 en riesgo extremo. Los departamentos de Antioquia, Chocó y Bolívar tienen el mayor número de municipios en riesgo extremo.

Las Bandas Emergentes en Colombia o Bandas Criminales (BACRIM), conocidas oficialmente por el gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) o Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), son términos con los que se han identificado a las organizaciones mafiosas que operan en Colombia,  y que son parte del conflicto armado interno. 

Los GAO´s y GDO´s se formaron como consecuencia a la negativa de antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),  al proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil, buscando el control de las actividades ilícitas que el antiguo grupo paramilitar controlaba en ciertos territorios; entre ellas, el narcotráfico; se diferencian en que los GAO´s, según las autoridades, poseen una estructura con capacidad para delinquir a nivel nacional; en cambio los GDO´s son grupos que solo tienen capacidad de delinquir en algunas regiones o municipios del país.

Los GAOR´s son grupos disidentes de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016, entre esta guerrilla y el gobierno colombiano, que permitió la desmovilización y reincorporación a la vida civil de más de 13.000 insurgentes, con el objetivo de controlar las actividades ilícitas que la antigua guerrilla tenía en algunos de sus territorios de influencia incluyendo el narcotráfico.

Las bandas criminales operan en todo el territorio nacional, aunque también mantienen presencia en otros países como Venezuela y Panamá. Sus aliados estratégicos son el ELN, la disidencia del EPL y varios narcotraficantes, debido a que su principal actividad es el control sobre el tráfico de estupefacientes. También se tiene indicios sobre los nexos con varias mafias mexicanas, entre las que figuran el Cártel de Sinaloa, y Los Zetas.

Entre sus accionares se encuentra el ataque, la extorsión y el secuestro a la población civil y miembros de la fuerza pública. Mientras que otras de sus actividades obedece al reclutamiento forzado de menores de edad y el impuesto revolucionario, una modalidad extorsiva que busca la intimidación y el desembolso de dinero por parte de comerciantes, empresarios y, en ciertas ocasiones, a compañías y empresas de diversos sectores.

A partir de Mayo de 2016, las bandas criminales pasan a ser combatidas por las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), mediante la Directiva 015, impartida por el Ministerio de Defensa Nacional, dándole facultades para atacar estos grupos como si fueran insurgentes, incluyendo  operaciones de bombardeos a campamentos de estas organizaciones; anteriormente, el combate a estos grupos criminales era exclusivo de la Policía Nacional. Esta directiva solo aplica a los Grupos Armados Organizados (GAO), siempre y cuando la Policía o la Fiscalía colombiana así lo requieran. Así mismo, la Directiva 017 de 2017 autorizó a las Fuerzas Militares atacar a los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).